Las ONG piden un marco legal europeo para la RSE.

Un amplio sector de las organizaciones sociales europeas no está satisfecho con el rumbo que ha tomado la política de Responsabilidad Corporativa definida por la Comisión Europea. La Coalición Europea por la Justicia Corporativa (ECCJ, por sus siglas en inglés) representa a 250 entidades de 16 países que reclaman a la Unión Europea una legislación que establezca y reconozca la responsabilidad social y ambiental de las empresas más allá de las fronteras europeas. La Coalición Europea para la Justicia Corporativa nace en 2005 como la suma de fuerzas de muchas de las organizaciones y plataformas de la sociedad civil que hasta entonces estaban trabajando en Bruselas en temas relacionados con la Responsabilidad Corporativa. El Observatorio de la RSC es el representante español en esta plataforma dedicada a la incidencia política cuya actividad está ligada a la evolución de la política de la Unión Europea en este campo. Una evolución con la que no está de acuerdo la ECCJ que en mayo presentó un documento reclamando medidas para poder exigir a las empresas responsabilidades por los daños sociales o ambientales que pudieran generar sus empresas filiales. "Es un momento de toma de decisiones, que pueden ir hacia una rebaja de estándares laborales en Europa —por la entrada de nuevos actores— o a un sistema por el cual Europa lidere y ponga unos estándares mínimos que afecte a las empresas que estén actuando fuera y les resulte favorable la actual situación de vacío legal y jurídico. Parece que ahora la tendencia es a ir a una mayor competitividad rebajando los estándares. Nosotros lo que apoyamos es lo otro", explica Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de la RSC. La política europea en Responsabilidad Corporativa empieza a definirse en el año 2000 con el lanzamiento de una publicación que sería la primera de muchas otras. El texto 'Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas' inicia un camino institucional que tenía como objetivo vincular la RC con los objetivos de Lisboa. Avanzando en este proceso, en 2002 la Comisión lanza una nueva comunicación titulada 'Responsabilidad Social Empresarial: la contribución empresarial al desarrollo sostenible' y con ella la creación de un Foro Multistakeholder destinado a recoger las opiniones de sindicatos, empresas y ONG para avanzar en la construcción de esta nueva política de la forma más consensuada posible con todos los públicos interesados. De tal proceso de diálogo surge un informe final con recomendaciones para gobiernos y Administraciones Públicas. Sin embargo, en 2006 la Comisión publica una comunicación que supondría una importante decepción para parte del movimiento social Dirigida al Parlamento Europeo, el Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, el nuevo texto manifiesta la aspiración de la Comisión de convertir a Europa en un "polo de excelencia de la responsabilidad social de las empresas", pero, a pesar de tan ambicioso objetivo, muchos consideraron que en esta nueva propuesta habían quedado diluidas las opiniones volcadas en el Foro. Según asegura la Coalición aquel documento no reflejó las posiciones de muchas de organizaciones civiles, derivando en un posicionamiento de la Comisión débil que no contribuía a mejorar las prácticas de RC de las empresas. De este modo, el ECCJ recoge actualmente las aspiraciones de un porcentaje importante del tercer sector europeo de desarrollar un marco legal que delimite mejor Responsabilidad Corporativa. En cierta medida, esta es una opinión compartida por el Parlamento Europeo (PE). Este organismo encargó a uno de sus europarlamentarios, el socialista Richard Howitt, que hiciera una evaluación de la propuesta política presentada por la Comisión. El resultado fue el respaldo mayoritario de la cámara a las conclusiones del informe presentado por Howitt en marzo de 2007 ('Informe sobre la responsabilidad social de las empresas: una nueva asociación') en las que se instaba a la Comisión a ser más pragmática en su política sobre RC y recurrir tanto a planteamientos voluntarios como obligatorios en esta materia. De este modo, aunque el poder de definir y dirigir la política está en manos de la Comisión, el PE apoyaba la necesidad de establecer algunas medidas regulatorias para desarrollar la RC. Desde entonces, la ECCJ y el Parlamento Europeo mantienen mayor sintonía en el debate europeo sobre la responsabilidad social y ambiental de las empresas. Fuente: ComunicaRSE Para saber más, pulse aquí.